24 febrero 2006

La mina

Viernes 24 de febrero de 2006

Luis Javier Garrido

La responsabilidad criminal del gobierno neoliberal de Vicente Fox en el estallido de la mina de Sabinas plantea de nuevo dos cuestiones cruciales para el próximo sexenio: ¿qué se hizo de los derechos de la nación a sus recursos estratégicos, y por qué no se respetan ya los derechos de los trabajadores?

1. La explosión y derrumbe en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas (Coahuila), la madrugada del domingo 19 de febrero, que dejó atrapados a 65 trabajadores, constituye una verdadera tragedia nacional, pero el gobierno neoliberal de Vicente Fox, lejos de actuar con rapidez y responsabilidad para tratar de rescatar a los sobrevivientes y atender a sus familias, ha buscado utilizar los acontecimientos como una operación mediática más para tratar de distraer a la opinión nacional de los escándalos de corrupción de los hijos de Marta Sahagún, de su propia connivencia con los empresarios pederastas Kamel Nacif y Jean Succar Kuri y de sus torpes intentos por manipular la elección presidencial y tratar de imponer al panista Felipe Calderón como su sucesor, pretendiendo olvidar que él tiene una grave responsabilidad por lo acontecido. Y, como era de suponerse, como tantas otras iniciativas de Los Pinos, ésta ha terminado también por revertirse cual bumerán sobre el régimen foxista.

2. La explosión de la mina de Coahuila ha puesto de manifiesto no nada más la inexistencia en México de un régimen de derecho en el ámbito laboral, las condiciones infrahumanas de explotación en que sobreviven los trabajadores mineros, la supervivencia del charrismo sindical, la escandalosa apropiación de las riquezas estratégicas del país por corporaciones trasnacionales o el papel de manipulación de buena parte de los medios masivos de comunicación, que, lejos de informar sobre los aspectos centrales de la tragedia, han preferido montar un espectáculo más de manipulación, sino que ha mostrado, sobre todo, la colusión del régimen foxista con los intereses trasnacionales y la responsabilidad criminal que tiene, por un lado, al tolerar que en casos como éste no se aplique la legislación laboral y de seguridad social ni se cumplan las normas mínimas de seguridad, y por el otro, al no reaccionar ante lo acontecido como era su responsabilidad.

3. El dato más escandaloso es ése: de los 65 trabajadores atrapados en los derrumbes, de los cuales 36 trabajan para el Grupo Industrial Minera México (GIMM), propietario de la mina, y 29 para la Compañía General de Hullua, la mayoría no están sindicalizados, ganan entre 400 y 800 pesos a la semana, carecen de seguridad social y no tienen derecho a las garantías laborales consagradas en la Constitución.
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