22 abril 2006

La represión



Viernes 21 de abril de 2006

Luis Javier Garrido

El gobierno foxista se termina en un baño de sangre, luego de la brutal represión que hiciera el día de ayer (20 de abril) la Policía Federal Preventiva de los trabajadores mineros en huelga de Ciudad Lázaro Cárdenas (Michoacán), abriendo así un nuevo escenario político en el país.

1. La violenta represión llevada a cabo por el gobierno de Vicente Fox de los 3 mil trabajadores mineros de la sección 271 -que desde hace 18 días se hallaban en huelga ante la pretensión del gobierno foxista de imponerles a un incondicional suyo como dirigente sindical-, con saldo de varios muertos y más de 100 heridos de bala, es un indicador de las acciones que será capaz de tomar en las próximas semanas el grupo de panistas de El Yunque que gobierna a México ante el riesgo de perder el poder.

2. El nerviosismo no puede normar las acciones de un gobierno, en especial cuando el Ejecutivo se halla en manos de un individuo que desde meses atrás ha dado muestras de un profundo desequilibrio, y sin embargo, lo que era evitable aconteció. Varias voces se habían levantado ya en los pasados días para advertir de los riesgos que entrañaba para el país la desesperación de Fox y de sus amigos ante el fracaso de su gestión y las evidencias de que Acción Nacional perdería las elecciones de este 2006, como la de José Emilio Pacheco, quien señaló en Proceso (núm. 1537) que la violencia verbal de Fox y de sus adláteres Felipe Calderón y Manuel Espino era preocupante en extremo porque, enfermos de poder, muy fácilmente podrían pasar de las palabras a los hechos, como desafortunadamente ya aconteció.

3. La responsabilidad criminal por lo acontecido recae en términos constitucionales en el propio Vicente Fox, pero también en los directamente implicados en la matanza: Eduardo Medina Mora (secretario de Seguridad Pública) y, desde luego, Carlos Abascal Carranza (secretario de Gobernación) y su secuaz Francisco Javier Salazar (secretario del Trabajo y Previsión Social), quienes desde hace semanas, envalentonados por la impunidad de que disfrutaban tras haber logrado evadir su responsabilidad criminal por dejar morir a los trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas (Coahuila) luego de la explosión del 19 de febrero, habían lanzado una escalada de iniciativas tendientes a un solo objetivo: destruir al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), tal como lo exigen los consorcios trasnacionales y el nuevo primer ministro.
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