09 septiembre 2006

La cárcel, un negocio

09-09-2006
La campaña antimigratoria de EEUU ha disparado el precio de empresas que gestionan la reclusión de unos 100.000 'sin papeles'


Julio Valdeón Blanco
El Mundo

Los inversores aplaudieron. Hablaba George W. Bush de la cruzada antimigratoria. Terminaron los días de acogida, cuando el país subió gracias a quienes hoy apuntalan una invasión silenciosa, amenazando la correlación étnica. Mano dura, dijo. Prometió incrementar fondos a los departamentos de seguridad fronterizos; también, que los prisioneros serían detenidos mientras esperaban audiencia, en lugar de ser puestos en libertad tras pagar la fianza. Sus declaraciones dispararon la cotización de las empresas dedicadas a las cárceles privadas, un suculento negocio, pues gestionan 100.000 presos en todo el país.

Hasta 2007 las autoridades esperan capturar a 27.000 indocumentados diarios, un aumento de 6.700 diarios sobre las cifras actuales, o 230 millones de dólares al año en beneficios extras para los centros gestionados por particulares.

En el sur de EEUU el United States Marshals Service ha propuesto construir una supercárcel ubicada en Laredo (Texas), con 2.800 camas. El centro albergaría a inmigrantes ilegales y prisioneros detenidos con cargos por posesión de droga. De aprobarse será una de las prisiones más grandes de la nación, pionera de una nueva cadena alrededor de Texas, con reos que buscan audiencia y otros listos para ser deportados. La sinergia entre la cruzada antidroga y los afanes por recuperar imagen allí donde las alambradas son pisoteadas por avalanchas de pachucos pretederminan un poderoso aumento en las ganacias.

EEUU mantiene la mayor problación reclusa del mundo -2,1 millones de reos (uno por cada 140 habitantes del país)-, una cifra mareante. Como respuesta a la avalancha penitenciaria surgieron a mediados de los 80 las cárceles privadas. Sus exégetas, como el profesor Alexander Tabarrok, arguyen que reducen costos y estimulan la calidad del sistema: «No solamente en sus propias instalaciones, sino también en las de las prisiones públicas: presionadas por una genuina competencia, deberán ser más eficientes o se arriesgarán a perder el apoyo estatal. Al mismo tiempo que los costos son reducidos, la privatización de las prisiones sentará las bases para un sistema político más abierto en el cual un simple grupo de intereses especiales no pueda dominar las que deberían ser cuestiones de políticas públicas».
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