17 noviembre 2007

Recurren al Distrito Federal para aclarar asesinato de una quinceañera en Tijuana

Agustín Salgado. La Jornada. Los padres de una joven de 15 años de edad que fue asesinada en Tijuana se encuentran en el Distrito Federal en busca de la justicia que las instituciones de su estado no les otorgaron.
El 7 de diciembre de 2005, en una zona turística de la ciudad fronteriza, Benazir Sara fue arrojada desde un automóvil en movimiento. La adolescente nunca estuvo en condiciones de declarar ante las autoridades sobre la identidad de sus agresores, pues los seis días que sobrevivió al traumatismo craneoencefálico que le provocó el impacto estuvo en coma.
La noche del sepelio y luego de que se aprehendiera a Fernando Emmanuel Valencia, de 22 años, como principal sospechoso, la entonces subprocuradora de justicia de Tijuana, María Teresa Valadez, se comunicó vía telefónica con los padres de la menor para informarles que “el caso ya estaba resuelto”.
Todo coincidía: el retrato hablado correspondía con las características físicas del detenido; la descripción de la camioneta desde la que fue arrojada Benazir encajaba con el automóvil del indiciado e inclusive dentro del vehículo se encontraron cinco trozos de pelo que poseían características microscópicas “idénticas” al cabello de la menor.
Horas después, el sospechoso fue liberado “por falta de pruebas”. Días después se supo que Emmanuel Valencia es sobrino político de un consejero de la Judicatura de dicha entidad federativa, de nombre Adrián Humberto Murillo González. Tras dos años de denunciar dichas irregularidades, los padres de Benazir Sara están en la ciudad de México para exigir justicia.
Han acudido al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y en las próximas semanas presentarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acuerdos al más alto nivel”
En entrevista realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organismo que les ha brindado apoyo durante su estancia en la ciudad de México, los padres de la víctima aseguran que la administración de Eugenio Elorduy permitió el “tráfico de influencias”, situación que, prevén, no cambiará con el nuevo gobierno.
“La tarde que Benazir falleció nos presentamos en el Semefo (Servicio Médico Forense). Nosotros quisimos incinerarla, pero teníamos que tener la aprobación de la procuraduría para hacerlo. Nos dijeron que sí, que no había problema, que las evidencias en contra del sospechoso eran suficientes. Entonces incineramos el cuerpo y horas después el caso dio un vuelco total”, asegura Elena Ruiz, madre de la menor.
“Fue ese día que comenzaron las irregularidades. Nos argumentaron que no había pruebas suficientes, y de ahí las intimidaciones, las burlas y la falta de procuración de justicia.
“Lo que sucedió en los siguientes meses fue que trataron de encontrar en nuestra familia un resquicio de ilegalidad. Involucraron a Benazir y a su hermana en cuestiones de droga, se dijo que mantenía relaciones sexuales con sus compañeros, que hacía cosas que no estaba bien, como si quisieran asegurar que se merecía lo que le sucedió”, abunda el padre, José Chavolla.
Ante la falta de avance en la indagatoria, la madre inició una huelga de hambre y por más de nueve días mantuvo su protesta. Paralelamente, la familia Chavolla Ruiz presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California.
Tras realizar la investigación correspondiente, el organismo local, par de las comisiones estatales de derechos humanos, emitió la recomendación 8/2006, que entre otras cosas establecía que se investigara a los ministerios públicos involucrados; se consignara el expediente ante un juez penal y se solicitara que el caso fuese atraído por la procuraduría de justicia federal. El exhorto fue rechazado por Elorduy.
Finalmente, y ante la presión de la sociedad tijuanense, la procuraduría estatal consignó el expediente. El juez de primera instancia otorgó la orden de aprehensión en contra de Fernando Valencia pero, a decir de los padres de Benazir, la detención nunca se concretará.
“Creemos que fue un acuerdo al más alto nivel, las autoridades nunca tuvieron la voluntad de aclarar el caso y lo único que nosotros buscamos es justicia. Queremos que se demuestre si el detenido fue o no culpable, es lo único que pedimos”, advierte José Chavolla.
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