19 febrero 2008

“Ilegal”, proyecto de construcción de carretera en Jalisco, acusan indígenas

Hermann Bellinghausen
La comunidad wixárika (huichola) de Tuapurie, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, ha decidido oponerse a una carretera que atenta contra su territorio.
Comuneros y autoridades tradicionales y agrarias determinaron “defender la trayectoria ancestral de su territorio por la construcción ilegal de la carretera Amatitlán-Bolaños, en Huejuquilla el Alto, Jalisco”.
El Cuerpo de Coordinación Comunitaria Interna, que agrupa a la comunidad, denunció que autoridades federales y estatales “han realizado estudios de impacto ambiental sin consultar a la comunidad, afectando lugares sagrados” y un área natural protegida.
Ante las violaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el pueblo wixárika realiza un bloqueo en Ciénega de Los Caballos, en el tramo Tenzompa-Cerro de la Puerta. “Nuestra lucha es justa, no buscamos otros intereses, sólo defender la tierra y territorio de nuestros ancestros y nuestros hijos”, argumentan.
La carretera que impugnan conectaría el municipio de Huejuquilla el Alto, en el norte de la entidad, con Amatitán, en la región Valles, cuyas principales actividades son agricultura, ganadería, explotación forestal y cañera, así como apicultura e industria tequilera, que requiere la madera y el agua que cuidan los wixaritari.
De acuerdo con el COA, organismo de apoyo legal a las comunidades de la sierra jalisciense, el rechazo a la vía data de hace seis años, “pero la sordera de las autoridades orilló a la asamblea de la comunidad a detener la maquinaria y plantarse para impedir que se siga construyendo la carretera”. Ahora, unos mil comuneros –hombres, mujeres, ancianos y niños– permanecen, en asamblea permanente, en el paraje Ciénega de Caballos. Han dado a conocer las razones del rechazo sin ser escuchados.
Añade el organismo: “la campaña de mentiras, confusión y amenazas orilló a que algunas autoridades comunales firmaran documentos de aceptación, en una asamblea minoritaria que no cumplió con las formalidades de la ley”, desconociendo anteriores acuerdos.
“La confusión creada por el gobierno contrasta con la claridad de la comunidad para defender su territorio, mas allá del enredo legal y administrativo, los ‘estudios de impacto ambiental’ en contra de ordenamientos ecológicos y la legislación forestal y ambiental.”
La asamblea, que es adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona, sostiene que la carretera no traerá ningún beneficio a la población. No la solicitaron ni soluciona el problema de fondo, que tiene que ver con el mal estado de brechas y caminos existentes.
“Las facilidades las van a tener los comerciantes, los programas de gobierno y los proyectos de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a saquear los recursos naturales y explotar a la gente”. Propiciará el saqueo de flora y fauna, afectará los mantos acuíferos, traerá contaminación y “atentará contra la autosuficiencia y la autonomía de nuestro pueblo, además de dividir el territorio comunal”.
La voracidad del gobierno jalisciense de Emilio González Márquez es tal, que aún no avanza la construcción y ya anuncia proyectos (junto con la CDI) de ranchos cinegéticos y eculturismo, señala.
Según COA, “la afectación a la propiedad comunal viola leyes nacionales e internacionales que señalan que ningún particular podrá ser molestado en sus bienes y propiedades, además de la protección especial a tierras indígenas”.
Un comunero, Lauro Carrillo Carrillo, afirma que “la traición” a los acuerdos de San Andrés, y la ley indígena de Jalisco, justifican el proyecto carretero. “Ésta es la prueba de cómo procede el gobierno.”
La situación es tensa; la comunidad ha decidido que no dialogará hasta que se presenten los titulares de las principales dependencias, y mientras no permitirá que las máquinas avancen sobre su territorio. El gobierno ha respondido enviando más policía y colocando retenes que violan la propiedad de la comunidad.

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